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El agua potable y la electricidad son servicios básicos que durante la crisis del COVID-19 demostraron ser esenciales para combatir sus impactos. Al mismo tiempo, representaron una oportunidad de inversión para impulsar la reactivación económica en los países de la región. Desde los primeros meses de 2022, estos sectores se encuentran especialmente amenazados debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre el precio mundial de los combustibles fósiles, insumos básicos para ambos sectores, lo que junto al incremento de precios de aceites, cereales y fertilizantes derivan en aumento de la pobreza e inseguridad energética, hídrica y alimenticia en la región.
En América Latina y el Caribe persisten grandes desigualdades en el acceso tanto a energía como a agua potable y saneamiento, debido a insuficiencias de infraestructura de calidad para el abastecimiento que garantice la seguridad hídrica y energética de todas las personas. Actualmente en la región 161 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de manera segura, 431 millones no tienen acceso a saneamiento gestionado de manera segura, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Existe por tanto una necesidad y también una oportunidad de impulsar la inversión para universalizar la cobertura de estos servicios a toda la población, la que además genera empleos verdes y nuevos ingresos, reduce los impactos sobre el medio ambiente y mejore la salud pública.
El presente boletín analiza la situación actual, el costo de las medidas cortoplacistas que se aplicaron durante la pandemia y las oportunidades de inversión a largo plazo en ambos sectores. Se concluye que invertir anualmente 2,6% del PIB regional en los próximos 10 años permitiría universalizar el acceso a los servicios básicos tanto de agua potable y saneamiento como de electricidad basada en renovables, sin dejar a nadie atrás. Lo anterior impulsaría la reactivación postpandemia generando hasta 3,4 millones anuales de empleos verdes directos en el sector agua y 700.000 en el sector energía, promovería la resiliencia de las ciudades al reducir los contagios por COVID-19, otras enfermedades o potenciales pandemias, disminuiría la contaminación del agua y de la atmósfera con emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, lo que promovería además la transición energética hacia renovables, a la vez que ayudaría a avanzar hacia una transición hídrica sostenible e inclusiva. Además, estas inversiones deben estar enfocadas en tecnologías limpias y sostenibles, lo que contribuye a la recuperación transformadora propuesta por la CEPAL, ya que es parte del cambio estructural necesario en América Latina y el Caribe basado en el Gran Impulso a la Sostenibilidad (entendido como inversiones que son ambientalmente y socialmente beneficiosas).
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